Las políticas públicas en materia migratoria han estado tradicionalmente desvinculadas de indicadores que permitan medir su impacto en el bienestar de las personas, familias y comunidades migrantes. Esto se debe en buena parte a que la estructura con la que se construyen priorizan la gestión por encima de los resultados. Se debe también a que los sistemas de información migratoria están construidos para recopilar los datos sobre cuántas personas se mueven de un país a otro o residen ya en los países de destino. Lo anterior impide valorar de manera efectiva cómo las políticas y los recursos utilizados para implementarlas abonan a garantizar los derechos humanos de las y los migrantes.

El propósito de este trabajo es mostrar algunos indicadores con enfoque de derechos humanos que el Gobierno mexicano ha aceptado incorporar a su sistema de estadística e información migratoria –generado a partir de lo que mandata el Programa Especial de Migración. Estos se enfocan en el derecho a la educación, a la salud y al trabajo; han sido definidos a partir de una discusión abierta desarrollada en el seno del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación con la participación de organizaciones de sociedad civil y agencias multilaterales. De incorporarse como elementos de medición en la política migratoria, sentarán un precedente importante en el mundo para impulsar que las y los migrantes se ubiquen en el centro del quehacer gubernamental.

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